Comunicado de A.D.U San Luis

A la Comunidad Universitaria

En el día de la fecha, 20 de diciembre de 2007 la Asociación de Docentes Universitarios, ADU adhiere a la Jornada Nacional de Protesta impulsada a nivel nacional por la CONADU con motivo de los lamentables sucesos acaecidos en la Universidad Nacional de Río IV.

Como lo expresamos en un comunicado anterior, el dramático ¿accidente? que ha golpeado profundamente a la comunidad universitaria de Río Cuarto y sus familiares, pone nuevamente a la consideración de la sociedad la triste realidad a la que diariamente nos vemos expuestos quienes desempeñamos tareas en el ámbito universitario.

Desde CONADU, en representación de todas las asociaciones de base que la componen, se viene insistiendo ante los representantes del CIN a la mesa de negociación, la urgente necesidad de discutir y resolver la cuestión de Seguridad e Higiene Laboral, sin obtener de los rectores una respuesta concreta que de solución a esta cuestión.

A más de dos años de iniciadas las negociaciones, y transcurridos más de sesenta días desde que CONADU presentara dos propuestas confeccionadas por profesionales especializados, hacemos responsables a los rectores agrupados en el CIN, que por incapacidad o desidia, no aceptan la discusión y resolución de este grave problema, y reclamamos que, en nombre de la autonomía universitaria y en defensa de la vida de aquellos que trabajan en las universidades, asuman su responsabilidad y acepten la discusión en la mesa de negociación.

En el ámbito local ADU no ha recibido respuesta formal por parte de la autoridad a los sucesivos pedidos presentados y relacionados con falta difusión pública de las recomendaciones de la ART frente al estado de riesgo de las instalaciones universitarias y al nivel de peligro en las actividades que se desarrollan en las mismas..

Tampoco se ha recibido respuesta respecto de la falta cumplimiento de la normativa vigente que establece la distinción entre actividades normales, penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuros y/o las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres y la elaboración de la nomina de trabajadores docentes que se desempeñan en este tipo de tareas de riesgo.

Somos concientes que en el tema de seguridad todos los integrantes de la comunidad universitaria tenemos nuestro nivel de responsabilidad. Asumimos la que nos corresponde, pero exigimos que las autoridades cumplan con la suya.

Como organización gremial de los trabajadores docentes defendemos y defenderemos nuestros derechos relacionados con las condiciones de trabajo en el ámbito de la mesa de negociación con el CIN.

Pero también mas allá de esta responsabilidad compartida la normativa vigente establece derechos, deberes y prohibiciones para las partes involucradas como así también sanciones para quien no la cumpla.

En particular la Ley Nacional 24.557 sobre Riesgos de Trabajo en su Art.31 establece las obligaciones de las ART, los empleadores y los trabajadores.

Como organización gremial cumpliremos con esta y toda la demás normas vigentes pero también velaremos para que sea cumplida por todas las partes. Por ello efectuaremos los reclamos ante los incumplimientos y de no ser atendidos los mismos recurriremos a la Autoridad de Aplicación correspondiente para que garantice y exija su cumplimiento. No hacerlo significaría faltar a nuestros deberes como organización y ser
co responsable de posibles situaciones como las tristemente acaecidas.

En este sentido reiteramos nuestro reclamo a las autoridades de la UNSL para que en cumplimiento de la normativa legal vigente de respuesta a las dos cuestiones solicitadas:

1) Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 19587 en su Art. 5 inciso d), estableciendo la distinción entre tareas normales, penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro y/o desarrolladas en lugares o ambientes insalubres y elevando a la ART el listado de los docentes que cumplen dichas tareas.

Paradójicamente este reclamo es parte de las estrategias de la UGR y que a más de un año de su creación no ha sido implementada. Esta mora es aún mayor si se tiene en cuenta que la UNSL ha reconocido hace más de una década la existencia de tareas de riesgo e insalubres para quien las realice, las ha definido claramente y ha aprobado una norma que esta vigente y que permite determinar fácilmente que trabajadores se desempeñan en esas tareas de riesgo.



Cuando se solicita la elaboración del listado de los docentes involucrados y la comunicación del mismo a la ART de la misma se argumenta sobre la necesidad de estudios técnicos y científicos para elaborar dicho listado y sin embargo se reconoció esta situación para el sector no docente e inclusive se destinaron importantes recursos para el pago del adicional por riesgo laboral para dicho sector sin que hubieran mediado los estudios aludidos.

Es decir, la misma autoridad que hoy se declara incompetente para determinar que docente esta trabajando en condiciones de riesgo, es la que elaboró y aprobó seis presupuestos anuales de la UNSL que destinaban fondos importantes para solventar el adicional por riesgo laboral para el sector no docente.

2) Dar difusión publica al informe de la ART sobre el estado de situación de las instalaciones de la UNSL, dar a conocer el plan y el cronograma de correcciones y adecuaciones a efectuar y determinar claramente las instalaciones que cumplen con las condiciones para ser habilitadas y señalar aquellas instalaciones o actividades que implican riesgo para quien las utilice o realice.

Esta solicitud se encuadra en lo establecido por los Artículos 2° y 31° 1.a) y 2.b) de la Ley 24557 Sobre Riesgos de Trabajo y en el Art. 39 del Decreto Nacional 351/79 que establece la exigencia de planos de las áreas de las instalaciones que presenten o puedan presentar riesgos en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

Es por demás claro que la falta de la información emanada de una fuente responsable y habilitada que determine con total seguridad cuales son tanto las zonas habilitadas y seguras como las que revisten riesgo para docentes, alumnos y no docentes no solo implica un incumplimiento grave de la normativa vigente sino que además atenta deliberada e irresponsablemente contra la salud y la vida de quienes desarrollamos actividades en la UNSL.
Así mismo, entendemos que los docentes no están obligados a cumplir tareas en instalaciones que no estén correctamente habilitadas y que la proximidad del periodo de receso da el tiempo necesario para que la autoridad cumpla con las recomendaciones de la ART, las difunda, tome los recaudos necesarios a partir de las mismas e informe a toda la comunidad en forma detallada de las condiciones de seguridad de las distintas instalaciones de la UNSL.




En este sentido la Asamblea de base de ADU ha condicionado el comienzo de las Actividades Académicas en febrero de 2008 a la determinación por parte de las autoridades de las zonas de riesgo en las instalaciones de la Universidad y a la muestra concreta de un plan con objetivos y un cronograma de acción de medidas que den muestras del interés por solucionar el problema de seguridad.

Volviendo al tema central que hoy nos convoca, entendemos que mas allá de las declaraciones, de los compromisos que se hacen para no cumplirse, del crecimiento burocrático de estructuras que luego de años se reconoce que no funcionan y de normativas que solo describen el estado caótico en sus considerandos para no ser aplicadas en sus aspectos resolutivos, la realidad muestra la desidia, la incompetencia y la indolencia de quienes son responsables de velar por la seguridad de quienes estudian, trabajan y enseñan en nuestra Universidad.

Lo ocurrido en la Universidad de Río Cuarto lo demuestra.
Hoy estamos aquí para protestar contra la desidia, la incompetencia y la indolencia de quienes hoy son responsables por las consecuencias que los peligros a los que estamos expuestos, pudieran afectar la salud y la vida de los trabajadores y alumnos de la UNSL.

Comisión Directiva-- Asociación Docentes Universitarios de San LuisLas Heras 8525700 - San Luishttp://www.adusl.org.ar/